Aunque la cancelación de la designación de TPS de 2023 sigue técnicamente en vigor, la batalla legal continúa en los tribunales 6i682l
Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
Joe Raedle/Getty Images/AFPEn abril, cuando el politólogo Jesús "Goyo" Corona explicaba en un video de Instagram que el TPS para venezolanos en Estados Unidos aún tenía salvación, muchos se esperanzaron con la posibilidad de permanecer legalmente en el país.
El analista reaccionaba a la noticia del 31 de marzo, cuando el juez Edward Chen (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Distrito Norte de California), emitió una decisión clave que detiene temporalmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 venezolanos en Estados Unidos.
Esta medida, originalmente programada para entrar en vigor el 7 de abril de 2025, ha sido suspendida al menos hasta octubre de 2026 o hasta que se resuelva el litigio en curso.
Como se lee en el documento legal de la demanda presentada por la Alianza Nacional TPS, con número de caso 25-cv-01766-EMC, "el historial indiscutible establece que los beneficiarios venezolanos del TPS, de hecho, tienen un nivel educativo superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40% y el 54% tienen título universitario), presentan altas tasas de participación laboral (entre el 80% y el 96%), perciben casi la totalidad de sus ingresos personales (96%), contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos a la seguridad social. También presentan tasas de criminalidad más bajas que la población general estadounidense".
El juez Chen consideró que la cancelación del TPS podría causar un daño irreparable a cientos de miles de personas, afectar gravemente la economía estadounidense y poner en riesgo la salud y seguridad públicas. Criticó especialmente la vinculación infundada de los beneficiarios del TPS con el grupo delictivo Tren de Aragua, calificando esa generalización como racista y sin evidencia.
Además, el juez subrayó que el gobierno no logró demostrar cuál sería el perjuicio de mantener la designación de TPS para Venezuela, por lo que ordenó posponer las acciones impugnadas mientras se resuelve el litigio de fondo.
Aunque el TPS bajo la designación de 2023 dejó de estar disponible para nacionales de Venezuela, luego de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo cancelara, lo cual significa el fin del TPS y los beneficios asociados bajo esa designación el 7 de abril de 2025, la medida ha sido suspendida al menos hasta el 18 de octubre de 2026 o hasta que se resuelva el litigio en curso (caso 25-cv-01766-EMC).
No obstante, la designación de 2021 sigue vigente y estará en efecto hasta el 10 de septiembre de 2025, ofreciendo protección a los venezolanos que se acogieron bajo esa categoría previa.
El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación de 8-1, otorgó al gobierno una suspensión de emergencia sobre la orden del juez Chen, lo que implica que la orden del juez Chen quedó temporalmente sin efecto mientras la Corte del Noveno Circuito revisa el caso.
En paralelo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a 16 fiscales generales estatales, presentó un escrito amicus apoyando la impugnación legal a la terminación del TPS, destacando que esta medida es “una afrenta a los valores fundamentales del país” y un intento peligroso de socavar el estado de derecho.
La demanda presentada por la Alianza Nacional TPS argumentó que la decisión de la secretaria Kristi Noem de cancelar las protecciones del TPS violó la Ley de Procedimiento istrativo. Se alegó que dicha cancelación fue arbitraria, caprichosa y motivada por prejuicios raciales y políticos, además de carecer de fundamento legal adecuado.
La istración anterior, bajo el presidente Biden, había otorgado inicialmente el TPS a venezolanos en marzo de 2021, ampliándolo en 2023 debido a las severas crisis económicas, políticas y humanitarias en Venezuela. La extensión se justificó por la imposibilidad de retorno seguro para los ciudadanos venezolanos, dada la escasez de alimentos, servicios básicos, atención médica, y el deterioro de los derechos humanos y del estado de derecho.
Los más de 600.000 venezolanos que residían legalmente en EEUU bajo el TPS a inicios de 2025 enfrentan un futuro incierto. La cancelación de estas protecciones los obliga a tomar decisiones: regresar solos a un país inseguro, llevar a sus familias —muchas con hijos ciudadanos estadounidenses— a una nación que desconocen, o permanecer en EEUU sin estatus legal, expuestos a la deportación.
Según argumentos compartidos por la Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York, terminar el TPS afectaría negativamente a las economías estatales, elevaría los costos de salud pública y dificultaría la seguridad en comunidades donde los inmigrantes temerían colaborar con las autoridades por miedo a represalias migratorias.
La batalla legal por el TPS para venezolanos continúa en los tribunales. Aunque la cancelación de la designación de 2023 sigue técnicamente en vigor, el litigio podría reabrir oportunidades de protección a futuro. Mientras tanto, la designación de 2021 permanece como único respaldo legal hasta el 10 de septiembre de 2025.
FUENTE: USCIS / Office of the New York State Attorney General / United States District Court. Northern District of California/ Alianza Americas
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